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Ana Virgina Calzada, presidenta de la Sala IV, reprueba crear
una nueva Carta Magna
ÒUna constituyente es innecesariaÓ
Fallos de este Tribunal est‡n por encima del Contencioso Administrativo,
aduce magistrada
La posibilidad de reformar en su totalidad la Constituci—n Pol’tica, su arma
de trabajo diario, no solo genera temor en Ana Virginia Calzada, presidenta
de la Sala IV, sino que lo considera una opci—n innecesaria.
A su juicio, convocar una asamblea nacional constituyente pondr’a en peligro
los derechos de los costarricenses.
Por el contrario, apuesta por reformas parciales, eventualmente en aspectos
como la forma de designar a una persona por elecci—n popular, y las normas
presupuestarias.
Calzada convers— con LA REPUBLICA sobre este y otros temas, aunque se abstuvo
de hablar sobre la fecundaci—n in vitro y la posibilidad de crear una ley que
permita a la ciudadan’a quitar a un ministro, diputado y hasta al propio
presidente de la Repœblica, pues teme adelantar criterio.
ÀEs necesario reformar la Sala IV?
Absolutamente. Se necesita una reforma inmediata que tiene que ver que con un
proceso estructural; necesitamos una reforma m‡s profunda y negociada de
todas las competencias de la Sala.
ÀC—mo debe hacerse el cambio?
Una reforma estructural, que puede darse pronto, dividiendo la Sala en dos
c‡maras, donde ambas conozcan recursos de amparo y h‡beas corpus; que el
pleno de la Sala conozca acciones de inconstitucionalidad, consultas y los
conflictos de competencias. Obviamente, no ser’a la reforma de fondo que
necesita.
ÀCu‡l ser’a la reforma de fondo?
Hay que establecer cu‡ntos diputados como m’nimo deben enviar una consulta
para que esta sea acogida, porque la conformaci—n del Congreso cambi—, ya no
son dos partidos. En cuanto a la tramitaci—n, hemos hecho reformas a lo
interno, y sin embargo, tenemos que hacer otro tipo de reformas. Otra
modificaci—n que podr’a ser de fondo, es la conformaci—n de tribunales de
amparo y h‡beas corpus y dejar a la Sala solo cuestiones de
constitucionalidad.
ÀAyudar’an a reducir los tiempos de respuesta, una cr’tica a la Sala?
Esas son cosas que la gente dice y comienzan a repetirse sin fundamentos de
fondo. Duramos en promedio 15 d’as en un h‡beas corpus y de 20 a 30 d’as en
un recurso de amparo. En las acciones de inconstitucionalidad tardamos un
poco m‡s, pero es obvio, el 90% de los asuntos son amparos.
En el Congreso, existen unos 150 proyectos para modificar la
Constituci—n, Àconsidera necesario reformarla en su totalidad?
Hace 20 a–os, cuando entrŽ a la Sala le hubiera dicho que s’, pero hoy le
digo que no. Hay que meditar cu‡les de las instituciones constitucionales
requieren una reforma. El problema no est‡ en la Constituci—n, est‡ en las
leyes y en su ejecuci—n.
ÀHay aspectos de la Constituci—n que requieren una reforma?
Claro, por ejemplo, cuando el constituyente estableci— las normas
presupuestarias, las hizo bastante r’gidas. Podr’a ser que eventualmente el
Estado actual necesite normas m‡s flexibles, esa es una de las cosas que no
necesitan pasar por una reforma total de la Constituci—n.
ÀUna constituyente paraliza al pa’s?
Es totalmente innecesaria, puede tomar mucho tiempo y hay implicaciones
cuando uno la convoca; sobre todo la funci—n de contralor de derechos
fundamentales queda suspendida, es un tema del que deber’amos estar
conscientes todas las personas. A m’ me dar’a mucho temor tocar la
Constituci—n en otro tipo de garant’as y tenerlas suspendidas.
ÀPuede permear los intereses de grupos particulares?
En derechos laborales, no sabemos quŽ puede haber; yo creo que tenemos una
Constituci—n protectora de esos derechos.
ÀEn materia electoral?
Me parece que no habr’a que tocarla, el Tribunal de Elecciones ha aplicado
varios principios constitucionales, como el tema de apertura a la
participaci—n de la mujer en la pol’tica. Se puede jugar con varias normas. O
habr’a que cuestionarse si la forma de participar en pol’tica quiere ser
variada.
Tomando en cuenta que a los magistrados los elige el Congreso, Àse
puede decir que la Sala IV est‡ politizada?
Tenemos que diferenciar el tŽrmino pol’tico con participaci—n en partidos
pol’ticos, la Sala no participa con tendencias pol’ticas, ideol—gicamente
estamos trabajando con un instrumento que se llama Constituci—n Pol’tica.
ÀTiene color pol’tico?
El color pol’tico ser’a el color de la bandera de Costa Rica.
ÀSiendo la Sala IV la œltima instancia judicial, no cree que la
sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en torno a mina
Crucitas genera roces?
Esto es un fallo aislado, que todav’a no est‡ firme, est‡ por ser resuelto
por la Sala Primera y bueno, ya veremos lo que resuelva. Un fallo no implica
que todo estŽ mal, l—gicamente entendemos que existen en el ordenamiento
jur’dico diferentes etapas de los Tribunales y la Sala est‡ por encima de un
Tribunal de lo Contencioso.
Entonces, Àcoincide con la tesis de que el tr‡mite ante el
Contencioso no tiene validez, al ser cosa ya juzgada?
En algunos temas s’, la Sala resolvi— por el fondo del asunto.
ÀCree que la Sala IV afronte una crisis de credibilidad?
No, la mayor’a de la gente ve en la Sala un lugar donde puede defender sus
derechos, pero la institucionalidad en general, s’ ha sufrido en la
credibilidad.
ÀLa Sala IV tiene enemigos?
Claro, cuando resolvemos, hay un grupo de gente que no est‡ satisfecho, pero
as’ como tenemos enemigos, tambiŽn tenemos amigos.
En temas m‡s espec’ficos. ÀHasta quŽ punto los derechos sindicales
afectan el interŽs colectivo?
Lo que afecta es el abuso de esos derechos y es ah’ donde tiene que venir la
balanza. Los derechos sindicales tenemos que respetarlos y deben verse en las
mesas de negociaci—n, lo que pasa es que muchas veces, con el tema de las
huelgas afectan otros grupos sociales.
Sobre este aspecto, est‡ en consulta la legalidad de las huelgas
Àcu‡ndo se conocer‡ el fallo?
Esta semana, el problema es que este tema lo resolvemos con Sala completa y
hasta este miŽrcoles contamos con el magistrado Paul Rueda.
En cuanto a la crisis de la Caja, Àla Sala IV coadyuv—, como dijo un
exjerarca?
Cuando algo funciona mal, tendemos a echarles la culpa a otros y no asumir la
responsabilidad que nos toca. Los medicamentos que ordenamos, no son porque
se nos antoja, son medicamentos que se agotaron y que la Caja sabe que debe
comprar. No creo que eso afecte las finanzas de la Caja, si ya lo ten’an
presupuestado. En algunas ocasiones, un mŽdico de la Caja recomienda la
compra. Los medicamentos que ordenamos comprar es un porcentaje muy bajo del
presupuesto. Si ese porcentaje quiebra la Caja, el sistema est‡ funcionando
mal.
ÀCu‡les criterios se tomaron para fallar a favor de un trabajador
alcoh—lico, luego de ser despedido?
Tenemos un dictamen que no es nuestro, no inventamos que el alcoholismo es
una enfermedad, si la OMS nos dice eso, las personas que padecen esa
enfermedad tienen derecho a que se les dŽ un procedimiento al igual que a
otra persona cualquiera.
Natasha Cambronero
ncambronero@larepublica.net
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